En defensa de nuestra costa
- Manifiesto por la preservación y gestión de los espacios costeros
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En mayo de 2006, en pleno auge inmobiliario, un grupo de ciudadanos
dedicados al estudio y la gestión del territorio impulsamos el
manifiesto Por una nueva cultura del territorio. En el texto se
advertía de los riesgos ambientales, económicos y sociales que
entrañaba la depredación del territorio, el abuso de los recursos
naturales, la ocupación acelerada del suelo y la degradación del
paisaje. Desgraciadamente, buena parte de los riesgos enunciados
entonces son hoy evidentes. La sociedad española debe hacer frente ahora
a una crisis económica gravísima, cuyo origen se encuentra en buena
medida en el desaforado desarrollo urbanístico y, en particular, en la
expansión del sector inmobiliario en el período 1996-2007. Los efectos
muy negativos que todo ello está teniendo en la evolución del empleo, la
estabilidad de la economía española, la confianza en el sistema
financiero y la solvencia de las administraciones públicas son
incuestionables. Sus secuelas sociales, ambientales, urbanísticas y
paisajísticas pesarán durante décadas sobre la sociedad española.
De nuevo, quienes promovimos aquel manifiesto y otros muchos
profesionales e investigadores nos creemos en la obligación de
reaccionar ante los anuncios del Gobierno de España de cambiar
radicalmente lo establecido por la Ley de Costas de 1988. Consideramos
que la propuesta gubernamental, lejos de introducir mayor racionalidad
en la gestión de los espacios litorales reincidirá, según nuestro
criterio, en muchos de los errores ya cometidos. En caso de prosperar,
afectaría muy negativamente al conjunto del litoral español y en
especial a las áreas costeras que aún conservan valores naturales
destacados. El espacio costero es por naturaleza muy frágil y se ha
visto sometido en las últimas décadas a una enorme presión, que ha
comportado la ocupación y artificialización de áreas muy extensas. Un
proceso que, de no domeñarse y corregirse podría venir a hipotecar de
forma irreversible la calidad ambiental y el atractivo de nuestro
litoral. ¿Podríamos imaginar la situación de nuestras costas tras el
proceso urbanizador de las últimas décadas sin este instrumento
normativo?
La propuesta de revisión de la ley anunciada por el ministro Miguel
Arias Cañete "con el objetivo de hacer compatible la protección del
litoral con el desarrollo de las actividades económicas y la seguridad
jurídica" parte, a nuestro entender, de un diagnóstico erróneo: la
contraposición entre sostenibilidad ambiental y desarrollo económico en
los espacios costeros. Como bien sabemos, la realidad nos indica
exactamente lo contrario: la competitividad de las actividades
turísticas radica de forma cada vez más clara en factores como la
calidad paisajística y en la identidad del lugar. La gestión sostenible
del territorio costero es ciertamente una obligación social y ambiental,
pero resulta también un apremiante imperativo económico.
La reforma podría hipotecar de forma irreversible la calidad ambiental y el atractivo de nuestro litoral
Asimismo, el anuncio de que se procederá a la "recuperación de
terrenos degradados para el desarrollo de actividades económicas,
mediante el fomento de la desafectación de espacios de dominio público
que ya no requieren una protección especial por haber perdido sus
características naturales", podría verse como un incentivo a la
degradación de los espacios costeros en pos de su privatización. La
propuesta no tiene en cuenta ni la fórmula que se ha dado a las zonas de
monte incendiadas (prohibición de reclasificación y calificación
urbanísticas por un amplio período de tiempo), así como a la alteración o
desclasificación de espacios naturales protegidos, que requiere la
acreditación, para evitar las acciones espurias, de que la degradación
se ha producido por evolución natural.
La privatización de extensas áreas costeras que la modificación de la
Ley podría comportar resultaría en una irreparable pérdida colectiva.
Con ello el Estado haría dejación de su responsabilidad indeclinable en
la preservación de las costas y eventualmente se incurriría en el
incumplimiento de los compromisos internacionales en materia de medio
ambiente suscritos por España. Además, debe tener en cuenta que a
localización de edificaciones, infraestructuras y actividades económicas
con carácter permanente en los espacios costeros supone exponer a
personas y bienes a riesgos naturales crecientes, que según las
proyecciones a medio y a largo plazo se verán incrementados por los
efectos del proceso de cambio climático. Las administraciones públicas
no pueden ignorar esta realidad y estos escenarios científicos sin
incurrir en graves responsabilidades de carácter económico, social y
moral.
Consideramos que la protección del litoral es una obligación moral.
No es moralmente defendible favorecer intereses privados a costa de los
bienes públicos. No es políticamente sostenible la defensa de intereses
particulares en detrimento del interés general. Quienes tienen la
obligación constitucional de proteger, preservar e impulsar políticas
que respondan a una nueva cultura del territorio, hoy indiscutible en
países desarrollados y en sociedades cultas, anuncian iniciativas que
van a acentuar la degradación, la fragmentación sectorial, la
desregulación y prácticas tan insostenibles como indefendibles en foros
cívicos o políticos de cualquier país desarrollado. Avanzar en la línea
de la privatización, de hecho o de derecho, es apostar por una política
de tierra quemada que, una vez agotada, implicaría enormes costes de
reparación que recaerán sobre las espaldas de todos. Los bienes comunes,
como el dominio público costero, no pueden quedar a merced de los
derechos privados pues su gestión es estratégica y su reparación
costosísima.
Oriol Nel.Lo, profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona,
Onofre Rullán, de la Universidad de las Islas Baleares,
y Joan Romero, de la Universidad de Valencia
firman este artículo también suscrito por los profesores e investigadores siguientes: Salvador
Antón, Eugenio Burriel, Carmen Delgado, Josefina Gómez Mendoza,
Josep-María Gili, Javier Martín-Vide, Rafael Mata, Ángel Menéndez
Rexach, Guillermo Morales, Oriol Nel·lo, José Ojeda, Luciano Parejo,
Joan Romero, Onofre Rullan, Joan Subirats, Fernando Vera y Florencio
Zoido.
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